En semanas anteriores, estuvo en tendencia las polémicas declaraciones del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sobre la "eliminación" de la figura del Outsourcing en México, anunciando con ello una iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo.
Si bien, estas declaraciones hechas en la conferencia mañanera del Presidente causaron revuelo al igual que en el tema de la extinción de los fideicomisos, la reforma no plantea su eliminación, sino que propone una regulación más eficaz con la implementación de candados más rigurosos para evitar malas prácticas en la aplicación de dicha estrategia de contratación.
Hay que recordar que esta palabra es un anglicismo, que se usa para hacer referencia a la subcontratación o tercerización de servicios. Las empresas que realizan este tipo de servicios, ofrecen a sus clientes la gestión de sus procesos administrativos de contratación laboral, para que estas puedan concentrarse al 100% en el desarrollo de estrategias comerciales para su líneas de negocio.
Desde el año 2012, la Ley Federal de Trabajo contempla este tipo de esquema de contratación, siempre y cuando exista de por medio un contrato que contenga algunos candados para evitar la subcontratación de terceros con actividades similares.
La realidad es que el Outsourcing en México ha sido utilizado con abuso, desde el sentido de que algunas empresas de subcontratación, buscan minimizar los costos de contratación, derivando esto a que se produzcan malas prácticas fiscales, como el no registro de los trabajadores para evitar el reparto de utilidades, e inclusive evadir la recaudación de impuestos que marca la ley.
Además, según datos de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, de las 900 empresas en México que se tiene noción de que ofrecen el servicio de subcontratación, sólo 100 están registradas y certificadas debidamente por las dependencias correspondientes para operar con normalidad. Esto significa que más del 90% de los outsourcings trabajan y dan sus servicios bajo irregularidades, y probablemente, sean empresas fantasma.
Si solo 100 empresas tienen el permiso regulatorio para dar servicios de subcontratación, no se puede explicar que existan alrededor de 8 millones de trabajadores que tienen su contrato bajo el esquema de Outsourcing, lo que representa un 40% del total de los trabajadores formales en todo México. Esto nos da un indicativo, de que el servicio de subcontratación también es ampliamente solicitado por las empresas, y que tiene una alta demanda.
Otra mala práctica realizada por algunos outsourcings que levanta muchas sospechas en las autoridades, es que al momento de realizar las inspecciones gubernamentales que marca la ley, los inspectores son rechazados y se les niega la entrada a las oficinas, debilitando así la figura de las auditorías.
Es por estas razones que el Ejecutivo Federal pretende de una vez por todas realizar una reforma que realice medidas correctivas para evitar que estos problemas sigan propagándose, y que ponen en riesgo la recaudación fiscal en dichos sectores.
Ya en diciembre del 2019, existe un antecedente que trata regular la actividad de los outsourcings, el cual fue una reforma a la Ley del Impuesto de Valor Agregado, donde se le imponía una carga fiscal de retención del 6% del impuesto a las empresas encargadas de realizar esta actividad, para evitar la evasión fiscal.
El Poder Ejecutivo busca reformar específicamente el artículo 15-A del Título Primero de la Ley Federal del Trabajo, el cual puedes consultar en la página 5 de dicho documento.
Una de las propuestas más interesantes de esta reforma, es que se busca que la subcontratación sea acotada, es decir, que la empresas que contraten este servicio, no puedan poner a toda su plantilla bajo este esquema. Así se garantiza el acceso a prerrogativas a los trabajadores de las empresas.
También esta reforma, pretende fortalecer las inspecciones en el sector, para poder auditar de manera más eficiente la regulación y operación de estas empresas, y así evitar las evasiones fiscales.
Además se prevé la creación de un registro federal para transparentar la contracción de este esquema, ya que en dicho registro se tendrán que dar de alta tanto las empresas que ofrecen subcontratación, como las empresas que los contratan.
Queda muy claro que el Outsourcing necesita mayor regulación, candados más eficientes y que vaya en armonía con las legislaciones de más reciente actualización como la realizada en la Ley del Impuesto de Valor Agregado. Con esto es claro que se podrán evitar más abusos en esta figura, y que realmente se utilice en beneficio de las empresas y trabajadores, y no en oportunismos de algunos cuantos.
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