La SCJN invalida la Ley de Seguridad Interior
El pasado jueves 15 de noviembre de 2018, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (con un resultado de 9 votos a favor y 1 en contra) invalidó oficialmente la ya famosa Ley de Seguridad Interior. La razón, argumentan la mayoría de los ministros, se debe a que dicha ley se determinó como inconstitucional.
En resumen, la Ley de Seguridad Interior tiene el propósito de regular la participación del Ejercito y la Marina nacional para tareas de seguridad pública y combate a la delincuencia (donde el Gobierno estatal y federal deberían de actuar). Esta Ley se promulgó en diciembre del año pasado y fue impulsada por el presidente mexicana Enrique Peña Nieto. Sin embargo, el Congreso no estaba de acuerdo con esta ley.
El principal fundamento que apoya esta postura se debe a que, de acuerdo al ministro José Fernando Franco, esta ley es "una violación jurídica a la seguridad de todos", y que el ministerio no cuenta con las facultades constitucionales para legislar, ya que los únicos con la competencia y autoridad de encargarse de la seguridad pública del Gobierno federal y los Gobiernos estatales. O en otras palabras, ellos abogan que si se permite esta ley, "quedaría irreconocible la estructura original" en materia de Seguridad Pública.
Uno de los ministros, Jorge Pardo Rebolledo, abogaba que esta Ley era factible si varios artículos de la Constitución fueran eliminados. Sin embargo, sus compañeros ministros no estuvieron de acuerdo con la propuesta y votaron a favor.
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, otro de los ministros, sostiene que aprobar esta Ley daría como consecuencia la normalización de la intervención del Ejercito nacional en área de seguridad pública (donde la jurisdicción no es suya mas que en pocas excepciones). “Las facultades de las fuerzas armadas tienen que estar delimitadas con la excepcionalidad que limite su actuación... y quedan abiertas las preguntas de si los militares pueden hacer arrestos o cateos" sostiene Gutiérrez.
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