En esta ocasión hablaremos acerca de un tema sumamente controversial hoy en día, los niños armados de Guerrero, cuyos derechos, así como los de los pueblos indígenas, se ven mermados a razón de la inseguridad que impera en nuestro país.
Recientemente se integraron a la policía comunitaria del municipio de José Joaquín de Herrera del estado de Guerrero, un grupo de treinta niños armados aproximadamente de entre seis y once años, pertenecientes al poblado de Ayahualtempa.
Estos niños realizaron una marcha por las principales calles de su comunidad, con la finalidad de exigir apoyo para las nueve viudas de los diez músicos indígenas, masacrados en enero del 2020.
El grupo de “Los Ardillos” mantienen una guerra por el control del territorio para el traslado de estupefacientes, por lo que en el estado de Guerrero no cesa la violencia. Desde el año 2015 los grupos autodenominados “Comunitarios” irrumpieron en el territorio de Ayahualtempa dejando cientos de muertos y obligando a varios de sus pobladores a desplazarse de sus hogares. A partir de estos incidentes, los legítimos propietarios de estas tierras están en busca de justicia; se presume que exponen a los niños armados para llamar la atención del gobierno federal.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga a los pueblos indígenas la autonomía para decidir respecto a sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural. Los pueblos indígenas tienen la facultad de aplicar sus sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, pero siempre que estos se sujeten a los principios generales de la propia Constitución, es decir, no pueden tener procedimientos o normas internas que vayan en contra de los derechos reconocidos en nuestra carta magna.
En consideración a lo anterior, respecto a la exposición de los niños armados de Guerrero dentro de un ámbito hostil, inseguro y la portación de armas por parte de los menores, nuestras leyes estipulan lo siguiente: los menores no están capacitados, no cuentan con facultades, ni aptitudes, y para entender el contexto de la gravedad que sus acciones implicarán en caso de una situación lamentable, por lo que están contraviniendo los derechos humanos de los niños, contemplados en el artículo cuarto constitucional, en el entendido de que:
El Estado Mexicano está obligado a velar y cumplir con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena que sus derechos sean respetados.
Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Lo que está aconteciendo con estos niños es todo lo contrario a lo que estipula la ley, puesto que no hay protección del gobierno federal ni estatal.
Además de que estos derechos están protegidos por la Constitución, el Estado Mexicano es parte de diversos tratados internacionales que también se deben respetar y entre ellos está la Convención Sobre los Derechos de los Niños , misma que reconoce a los niños como: todo ser humano menor de dieciocho años de edad; teniendo en mente que los niños armados de Guerrero tienen de seis a los once años de edad. La misma convención prevé y protege a los menores contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud, desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social.
En ese sentido, los estados partícipes adoptarán medidas legislativas, administrativas, sociales y educacionales para garantizar el bienestar de los menores.
Adicionalmente, estos países están obligados a proteger a los niños contra todas las demás formas de explotación que puedan resultar perjudiciales para cualquier aspecto de su bienestar. Por otro lado, el Estado tiene que abstenerse de reclutar en las fuerzas armadas o sus similares a las personas que no hayan cumplido los quince años de edad; por lo anterior, se puede apreciar claramente que están actuando en contra de los derechos humanos de los niños.
Aún cuando la causa “autodefensas” o “policías comunitarias” justifiquen la incorporación de niños a sus filas debido a la inseguridad que impera en su estado o comunidad, estas acciones ilegales no contribuyen a erradicar un tema de inseguridad, solo coloca a estos menores en riesgos innecesarios, y los expone a la muerte o a tráfico de personas.
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